El denominado “Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, emitido por el consejo de Ministros del gobierno del PP el 1/7/2012, de hacerse ley aplicable, pondrá en marcha, muy probablemente, un nuevo proceso desamortizador, por el cual una parte decisiva del patrimonio comunal de los pueblos sería apropiado por el Estado (por su expresión local, los Ayuntamientos) y luego, vendido a particulares. En esa operación habría dos ganadores, el ente estatal y los empresarios, y un perdedor, el pueblo llano.
Se hará a través de la liquidación de las llamadas “entidades locales menores”, sobre todo las Juntas Vecinales. Una vez incorporadas aquéllas a los municipios más grandes, poblacionalmente, de cada comarca, el comunal de las citadas pasará a ser propiedad de los Ayuntamientos. En un segundo momento sería enajenado y privatizado, con el fin de enjugar el déficit del Estado.
Esto es una aplicación de lo que ya enuncié en mi artículo “Defender el comunal contra un nuevo proceso privatizador”[1], que ahora, por desgracia se hace más y más real, además de más y más próximo.
Se están dando las primeras movilizaciones contra dicho Anteproyecto, y en varias provincias se han constituido ya plataformas y agrupaciones para llevar adelante la resistencia al nuevo asalto del Estado al patrimonio, modo de vida y cosmovisión del pueblo. Todo ello, como es lógico, debe ser apoyado con la mayor energía, clarividencia y firmeza.
Conviene añadir algunas reflexiones.
Quienes lo reducen todo a dinero se equivocan. Por ejemplo, en la provincia de León los montes comunales de las entidades locales menores son 512.000 hectáreas, cuyo precio de mercado se elevaría a unos 2.200 millones de euros. Eso sería una notable pérdida para la gente rural, en efecto, pero la cuestión decisiva no reside en ello. Lo que se pretende, sobre todo, es extinguir los últimos restos de los patrimonios colectivos fruto de la revolución civilizadora de la Alta Edad Media, que servían de asiento material a un modo de vida comunitario y colectivista, fraternal y de ayuda mutua, fundamentado en el afecto y en el amor.
El economicismo en boga, que todo lo reduce a una obsesiva reivindicación de “bienestar” material, que no tiene más meta que capturar el máximo de dinero para ampliar el consumo, comete la felonía de cuantificar el comunal con mentalidad simplificante y codiciosa, reduciéndolo a su precio de mercado. Pero en este caso el abismo entre valor y precio es insondable, siendo el primero incalculable y el segundo sólo indicativo.
No se trata de defender el comunal para “vivir mejor” sino como expresión tangible de que se puede, y debe, ser y vivir de otra manera, con consumo mínimo de bienes materiales y maximización de las satisfacciones espirituales, con la asamblea como elemento de gobierno y la mutua asistencia como norma de vida.
Dado que no hay comunal sin concejo, junta o asamblea que lo gobierne, lo primero es ocuparse de que estas formas colectivas sean soberanas, por tanto, libres de la injerencias del Estado, auto-gobernadas, existentes y operantes en sí y por sí. El Estado, que es quien va a destruir lo que queda de comunal, tiene que ser contenido y ahuyentado, mientras no tengamos fuerzas para hacerlo desaparecer.
Porque no aspiramos a vivir “mejor” bajo el actual orden sino a construir una nueva sociedad, un nuevo ser humano y un nuevo sistema de valores.
Dice Daniel L. Ortiz Díaz que en el mundo comunal y concejil de nuestro pasado inmediato lo que mantenía unidas a las personas eran los “vínculos de amor”[2].
Ese es el meollo mismo de lo comunal, y no el consumo ni el bienestar. Es el amor de unos a otros, en tanto que esfuerzo y servicio desinteresados, el que da sentido al comunal y al concejo abierto, y quienes hablan de dinero simplemente falsifican nuestra historia y además nos prostituyen.
No tratar de otra cosa que no sea dinero es la quintaesencia de lo burgués, y nos deshumaniza y envilece de manera superlativa, también cuando el dinero aparece como reivindicación. Presentar al Estado como “redentor” de las clases populares es la atrocidad mayor, pues ahora las 3,5 millones de has que quedan en “España” de comunal van a ser destruidas, en su totalidad y en su mayoría, por el artefacto estatal, ese ídolo detestable ante el cual está de rodillas toda la izquierda.
El comunal no es propiedad colectiva si no renuncia a toda propiedad particular. No es avidez de bienes tangibles sino repudio de ellos. No es medio para satisfacer deseos sino una forma de no tener más deseo que el servicio desinteresado. No es servil adoración por el ente estatal sino impulso hacia el autogobierno. Sobran pues los arrastrapancartas de siempre que desde la codicia y el consumismo, el epicureísmo, el totalitarismo y la estatolatría, viene ahora a “defender” el comunal.
Por tanto las luchas en defensa de los patrimonios comunales tienen que tener como una de sus metas una reconversión interior al espíritu de comunalidad, vale decir, a la sociabilidad, al afecto hacia el otro, a la renuncia al egotismo, a la negación del consumismo, el materialismo vulgar y el hedonismo. Hacernos mejores por el desinterés, la virtud y el esfuerzo resultan ser precondición y meta al mismo tiempo de lo comunal, ¿lo haremos?
Porque el comunal, para ser, demanda un nuevo ser humano.
Sin revolución interior, sin sujetos de calidad autoconstruida, la revolución integral no es hacedera. Y sin ella no puede haber sociedad comunal y colectivista.
Los seres humanos son lo más decisivo. Ellos son fin y todo lo demás es medio. Tan perentoria verdad es el meollo mismo de los bienes comunales y la sociedad comunal.
[1] Publicado en “Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”, nº 4, enero 2011. Expreso mi agradecimiento a quienes han considerado este texto como la primera denuncia de la atrocidad que ahora se pretende realizar por el gobierno derechista de Madrid e incluso lo utilizan como material de estudio para las luchas que son y serán. [2] En “El valle de Iguña”, 2004, Cantabria. Esta obra, escrita en 1918, no se publicó hasta casi un siglo después. Tal es la censura y exclusión a que está sometido casi cualquier texto sobre el mundo rural popular tradicional, en este caso el cántabro.
